ANATXU ZABALBEASCOA El fundador del estudio de arquitectura y diseño Future Systems, Jan Kaplicky (Praga 1937-2009), murió de un infarto la noche del miércoles en su ciudad natal, donde acababa de nacer también su segunda hija, Johanka, y donde se le resistía el que consideraba el mayor proyecto de su carrera, la controvertida Biblioteca Nacional. Hacía poco que el arquitecto había decidido vivir una nueva vida en su país. En 1968, tras la primavera de Praga, Kaplicky huyó a Londres con 100 dólares en el bolsillo y una muda de calcetines. Tenía un pasado como arquitecto racionalista y una idea: combinar las formas de la naturaleza y la tecnología, algo que parecía contradictorio. En el estudio que entonces compartían Richard Rogers y Renzo Piano, las ideas de Kaplicky resultaron fundamentales en el diseño del revolucionario Centro Pompidou, pero el arquitecto checo no pudo trasladarse a París por carecer de pasaporte británico. Trabajó entonces cuatro años para Norman Foster y, finalmente, abrió su propio estudio en 1979. Era un garaje en un callejón de Paddington. Lo pintó de rosa y lo llamó Future Systems. Su apuesta era cuestión de futuro. Y él consiguió reunir fuerzas para esperar. Durante una década, dibujó todo tipo de proyectos visionarios: desde un puente flotante hasta arquitecturas desmontables que no le permitieron construir más que edificios temporales, pero la editorial Phaidon supo ver que aquel arquitecto-inventor tenía algo que decir. Y comenzó a publicar sus libros con coches eléctricos o sofás en forma de nube. En 1989 Kaplicky se asoció a su mujer, la arquitecta inglesa Amanda Levete, y juntos construyeron su casa, un laboratorio donde arrancaría un nuevo Future Systems. Un miembro del parlamento británico les encargó una vivienda en Gales que, absorbida por el paisaje, proponía vivir en burbujas cubiertas de un manto de césped. Engullida por la naturaleza y realizada con nuevos materiales, la imagen de la casa dio la vuelta al mundo. A partir de ahí, y a mediados de los noventa, Future Systems triunfó en el escenario de la moda: Comme des Garçons o Marni les encargaban sus tiendas por el mundo. Y entonces llegó el esperado momento. En 1999, su tribuna de prensa en el londinense Lord's Cricket Ground, ovalada y de aluminio, recibió el premio Stirling. Por fin se reconocía no sólo su talento creativo. Era, finalmente, juzgado como un arquitecto serio. Comenzaron a lloverles invitaciones a concursos y grandes proyectos. En los almacenes Selfridges de Birmingham, cubrió una fachada con un manto de discos de aluminio. Nada de escaparates, misterio. El RIBA, Royal Institute de British Architects, les concedió su medalla. Y la idea del manto culminó con la expansión internacional: el Museo Enzo Ferrari, en Módena, o la estación de metro, que firma con el escultor Anish Kapoor en Nápoles. Un manto de aluminio color champán quería cubrir también la singular Biblioteca de Praga. Kaplicky creía que ese iba a ser su gran proyecto. Para defenderlo, y tras romper su relación con Levete, se trasladó a su ciudad. Empezaba allí una nueva vida con su nueva mujer Eliska cuando cayó fulminado en la calle. Su arquitectura paradójica, entre lo orgánico y lo tecnológico, tiene una estética pop, de cómic, que más allá de un lenguaje propio encierra un convencimiento: la negación del edificio-caja. [ Leer en web de ICARO ]

REDACCIÓN/AGENCIAS | VALENCIA/BRUSELAS El Parlamento Europeo puede ser de nuevo escenario de un varapalo contra el urbanismo valenciano. Tras los críticos informes recibidos por España en general, y por la Comunitat Valenciana en particular, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate hoy un nuevo documento sobre el urbanismo español. El informe está siendo preparado desde hace meses y será definitivamente votado en marzo por el pleno de la Eurocámara.Junto a la ponente del texto, la parlamentaria danesa Margrete Auken (Los Verdes), y el resto de eurodiputados participarán en la reunión representantes del Gobierno valenciano, la defensora del Pueblo de la Comunitat Valenciana, Emilia Caballero, y responsables de la Comisión Europea (CE).El texto provisional propuesto por Auken aún puede ser objeto de enmiendas. El documento critica con dureza la gestión urbanística en España, principalmente en la Comunitat Valenciana y en las islas. El estudio carga además contra la actuación de numerosas autoridades locales y regionales.La ponente pide al Gobierno español y a las comunidades autónomas afectadas que lleven a cabo una "profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos".Auken también insta a las autoridades regionales a declarar una "moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios de sostenibilidad medioambiental".La eurodiputada expresa su "preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas".Para la representante del Parlamento Europeo, los jueces "han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras. Sin embargo, los procedimientos judiciales siguen siendo de "una lentitud desmedida" y las sentencias dictadas en muchos de estos casos "no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".Como ya publicó en diciembre LAS PROVINCIAS, el informe recuerda que tanto la Comisión Europea como el Parlamento tienen capacidad para suspender la concesión de fondos para hacer que los países pongan fin a vulneraciones de las normas comunitarias.Éste será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunitat Valenciana, y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos. Iniciativa del Poble Valencià (y Los Verdes Esquerra Ecologista mostraron ayer su apoyo al informe europeo.El portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, también intervendrá hoy en el Parlamento Europeo. Expondrá las denuncias de los afectados por la forma de aplicar la ley del Gobierno, que ha llevado al derribo de numerosos edificios en primera línea de costa. Los afectados denuncian al Gobierno por una posible aplicación abusiva de la norma y critican que no se respete su carácter no retroactivo.[ Leer en web de ICARO ]

L. B. B., Valencia La Comunitat Valenciana está entre las autonomías que más casas ha construido entre 1997 y 2006, un total de 713.214 viviendas. Han sido diez años en los que "España ha conocido un boom inmobiliario excepcional por su intensidad y duración, cuyo resultado ha sido un crecimiento urbanístico exagerado, desordenado y cada vez más dirigido por las empresas y no por los intereses generales", según señala Eugenio Burriel, catedrático del departamento de Geografía de la Universitat de València. Burriel ha analizado este fenómeno en un detallado artículo "La década prodigiosa del Urbanismo Español 1976-2006", publicado en Scripta Nova, la revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona.Con la perspectiva que da el transcurso de una década, Burriel obtiene, de fuentes oficiales como el Ministerio de Vivienda o el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, unas conclusiones sorprendentes que conducen a la reflexión. "El volumen total de viviendas iniciadas en España en el periodo 1997-2006 ha sido superior a los 5,6 millones, casi el doble que en la década anterior 1987-1996, lo que supone una ratio anual media durante diez años de 13,3 viviendas por cada 1.000 habitantes, más del doble de las entre 5 y 7 viviendas por mil habitantes que es la tasa normal de formación de hogares en Europa". Y, aunque parezca increíble, "este volumen de viviendas construidas ha sido muy superior al incremento del número de hogares en España: en los últimos diez años se habrían iniciado en España viviendas para unos 16 millones de personas, pero la población sólo lo ha hecho en 5,5 millones".Además, "en el conjunto de la década, 19 provincias doblan el índice medio español de 1996 y 7 de ellas lo triplican con ratios superiores a 21 viviendas por mil habitantes", según refleja Burriel en el artículo de Scripta Nova. Además, "si consideramos la situación en 2006 -el último año de la década y el de máxima intensidad constructiva- son 42 las provincias que duplican la media estatal de 1996, 16 de ellas la triplican y Almería, Castelló, Guadalajara y Toledo alcanzan valores increíbles de más de 35 viviendas por mil habitantes, cinco veces el nivel de 1996".Demanda real y especulativaDe esta manera, y tal como se observa en el gráfico adjunto, Alicante, con 362.269 casas, es la cuarta provincia de España por detrás de Madrid, Málaga y Barcelona, donde más viviendas se han construido en valores absolutos. A la provincia de Alicante le seguirían las de Murcia y Valencia, ésta última con 231.046 viviendas ejecutadas en una década.Burriel achaca este crecimiento urbanístico "exagerado" al "fuerte incremento de la demanda residencial" por el crecimiento demográfico, alentado por la "situación extraordinaria e irrepetible del mercado financiero" y por "una importante demanda puramente especulativa". Unas tendencias que se han visto alentadas por "el marco ideológico conservador del "todo urbanizable"" auspiciado por la Ley del Suelo del Gobierno de José María Aznar y por "una posición social mayoritaria favorable al desarrollismo" practicada en municipios de todo el arco político. Y, además, con una característica perversa y generalizada: "la creciente deslegitimación del planeamiento [municipal], que es el instrumento clave para el ejercicio de la función pública del urbanismo", a través de las modificaciones puntuales de los planes generales de ordenación urbana (PGOU). Una medida que se ha usado para reclasificar millones de metros cuadrados de suelo y proponer barrios que parecen nuevas ciudades, como ha sucedido en la provincia de Valencia donde alcanzan hasta las 12.000 viviendas, sin que estos nuevos crecimientos estuvieran previstos ni en el PGOU ni en planes supramunicipales.Burriel rompe una lanza a favor de la figura del agente urbanizador (una aportación made in Comunitat Valenciana que él impulsó cuando era conseller) "al que se le atribuyen la responsabilidad de todos los desmanes urbanísticos de estos años". Un máxima que el catedrático de geografía rechaza de plano. "La práctica urbanística desmiente esta atribución de responsabilidades. Buena prueba es que el mismo tipo de crecimiento desbocado aparece tanto en una comunidad como la valenciana, con normativa que recoge en su plenitud el agente urbanizador, como en Murcia donde el agente urbanizador apenas ha tenido relevancia".La crisis económica ha "ralentizado cuando no parado" el proceso. Un frenazo casi en seco "acentuado por el modelo urbanístico que había generado un exceso de oferta". La coyuntura permite así un "tiempo de reflexión sobre la insostenibilidad del modelo, que lleve a autonomías y ayuntamientos a decidir el cambio a un crecimiento más razonable, aunque hay quien actúa como si nada hubiera cambiado", concluye Burriel.[ Leer en web de ICARO ]

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo considera imprescindible una moratoria para los nuevos planes urbanísticos que no respeten los criterios "rigurosos" de sostenibilidad ambiental y no garanticen el derecho de la propiedad y, además, plantea frenar aquellos otros programas que no tengan asegurada el agua. Estas son las principales conclusiones del borrador del informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación del derecho comunitario, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de Los Verdes. La eurodiputada expondrá el próximo martes el documento a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En esa sesión, el documento se someterá a un nuevo debate para su aprobación. Aparte, de los eurodiputados de los distintos grupos, en el acto intervendrán un representante de la Generalitat Valenciana y un portavoz del colectivo Abusos Urbanísticos No. Si finalmente el informe recibe el visto bueno, se fijará un calendario (incluye plazo para la presentación de enmiendas e informes de opinión de otras tres comisiones de la Eurocámara) antes de ser debatido en el pleno del Parlamento Europeo. Este extremo no se producirá antes del próximo mes de marzo, según distintas fuentes oficiales consultadas por este periódico. La propuesta de resolución al Parlamento Europeo que recoge el borrador de la eurodiputa Auken incluye 19 peticiones. La ponente del informe expone hasta un total de 23 consideraciones para justificarlas. Las más destacadas hacen referencias al choque de la normativa urbanística estatal y regional en materia ambiental con las directivas europeas y los supuestos abusos cometidos sobre el "legítimo" derecho a la propiedad. Sobre este último punto remarca que el Tribunal Constitucional "no ha proporcionado una interpretación exhaustiva del artículo 33 de la Constitución española que alude al derecho a la propiedad". El informe destaca que en el curso de la actual legislatura, la Comisión de Peticiones, "ha informado en tres ocasiones de la magnitud de los abusos contra los derechos legítimos de los ciudadanos europeos sobre sus bienes legalmente adquiridos en España". La ponente alude a la inquietud de la Comisión "respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales de España". Auken señala la lentitud de los tribunales ante el reto de "la urbanización excesiva", y precisa: "El Parlamento ha observado que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos". La eurodiputada advierte de que esta actividad, respaldada por autoridades locales y regionales "irresponsables" a través de una inadecuada legislación, ha dañado la imagen de España en Europa. El informe de Margrete Auken resalta que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados han acarreado la reclasificación de suelo rural "para provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor". La europarlamentaria asegura que España, y en especial la costa del Mediterráneo, ha sufrido una destrucción masiva en la última década, a consecuencia del urbanismo salvaje, "y todo por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción". Los pilares del documento de la eurodiputada danesa (tres años después del primer informe de Bruselas sobre los efectos del urbanismo salvaje) han sido las tres visitas que miembros de la Comisión de Peticiones han realizado sobre el terreno a España, las 186 peticiones recibidas sobre supuestos abusos urbanísticos planteadas y avaladas por unas 15.000 firmas, y la denuncia de Los Verdes sobre 250 proyectos urbanísticos que no tienen garantizada el agua. En los tres apartados, el protagonismo del urbanismo valenciano ha sido estelar. Miembros de la Comisión de Peticiones han inspeccionado sobre el terreno en tres ocasiones los municipios valencianos que incluyen programas urbanísticos rayanos en el urbanismo salvaje. En la última visita, en febrero de 2007, los representantes de la Comisión pasaron, entre otras, por las poblaciones de Orihuela, Catral, Torrevieja, Oropesa, Parcent, Cullera y Oropesa. El grueso de las 186 peticiones ha sido formulado por residentes en la Comunidad Valenciana. Éstos han planteado supuestas vulneraciones del derecho a la propiedad en los procesos de urbanización o reparcelación de programas de actuación urbanística (PAI) que afectaban a edificaciones ya consolidadas. Y también en el tercer bloque (la denuncia de Los Verdes sobre planes urbanísticos tramitados sin tener garantiza el agua ni con el informe favorable de los organismos hidrológicos competentes) la Comunidad Valenciana se ha llevado la palma. Los grandes PAI que se proyectan en el territorio valenciano (entre ellos el plan Rabassa, Nou Mil·leni o el Manhattan de Cullera) se encuentran en la lista objeto de una investigación por parte de la Comisión. Los eurodiputados valencianos mantienen una opinión disímil respecto al informe Auken. Así, José Manuel García Margallo, del Grupo Popular, califica de "grueso calibre los considerandos del informe referidos a la hipotética vulneración del derecho a la propiedad". El eurodiputado del PP reclamó la presencia de un representante del Gobierno español para explicar a la Comisión "todas esas acusaciones". Mientras, el eurodiputado del PSOE Vicent Garcés subraya que el sentido final del voto de su grupo al informe en el pleno del Parlamento está supeditado a "la resolución de la denuncia sobre la Ley Valenciana de Urbanismo que instruye el Tribunal de Estrasburgo, el informe oral de la ponente ante la Comisión de Peticiones el martes y la evolución de la crisis que atenaza al sector inmobiliario y de la construcción". El colectivo Abusos Urbanísticos No (la entidad que surgió en 2005 en La Marina ante el aluvión de denuncias de afectados) expresó su conformidad con la argumentación y propuestas del informe y reiteró su crítica al urbanismo valenciano, "que no ha resuelto una situación insostenible". Urbanismo salvaje - 186 peticiones: En la actual legislatura la Comisión de Peticiones ha recibido 186 denuncias sobre otros tantos casos de abusos urbanísticos, avaladas por 15.000 firmas. El grueso de las peticiones partió de la Comunidad Valenciana. - Tres visitas: El aluvión de denuncias sobre supuestos abusos urbanísticos acarreó hasta tres visitas de los eurodiputados a la Comunidad Valenciana para verificar el alcance del urbanismo salvaje - Planes sin agua: La denuncia sobre el caótico urbanismo valenciano alcanzó su mayor dimensión con el dato revelado por Los Verdes: de casi 260 urbanizaciones autorizadas en España sin agua, 129 se proyectan en el territorio valenciano. - Informe demoledor. Tras varios años de recabar datos, la eurodiputada Margrete Auken ha redactado un informe demoledor para la gestión urbanística del Gobierno valenciano. El documento está a expensas de su debate y aprobación en la Eurocámara. [ Leer en web de ICARO ]

JOSEP SORRIBES 24 de diciembre, fum, fum, fum... Ya nos hemos fundido el 2008. Un año con demasiado humo, demasiada opacidad, demasiados ceros... y mucho despiste colectivo. La culpa: la dichosa crisis, pero no sólo la crisis. Cuando atábamos los perros con longanizas, me acuerdo que en una conferencia Aurelio Martínez formuló la pregunta mágica: "Y cuando esto se acabe, ¿qué venderemos?". Buena premonición. Otros compañeros y también un servidor nos hemos hartado (¡¡bendita hemeroteca!!) de anunciar que nuestro fantástico boom inmobiliario (el término "burbuja" sublevaba a los autocomplacientes porque toda burbuja es susceptible de pincharse) no duraría eternamente y que el recambio estaba más bien indefinido o indeterminado. Lo que iba a ser un aterrizaje suave se convirtió en un crash en toda regla por obra y gracia de las subprime y la crisis financiera internacional consiguiente que ha llegado al extremo de convertir los problemas de liquidez en problemas de solvencia incluso para las empresas más saneadas y con más futuro. Tengo la impresión de que a muchos (gobierno central, gobiernos regionales, bancos y promotores) toda la movida les ha cogido un poco o un mucho por sorpresa y, lo que es peor, adormecidos y con pocas ideas de futuro que aportar. Dejemos el "panorama general" para zambullirnos en nuestra siempre sorprendente realidad "local". Un primer dato un tanto escalofriante es que, a pesar de la que está cayendo, a nuestro muy honorable presidente no le duelen prendas en continuar esforzándose por ser líder indiscutible de la deuda. En el tercer trimestre de 2008, nuestra deuda ya ascendía a la bonita cifra de 12.198 millones de euros (un 11,5% del PIB) y, si incluimos las empresas públicas, a más de 14.000 millones. A este paso pronto nos endeudaremos para pagar la deuda y las inversiones pagarán el pato, justo en un momento de crisis en el que urbi et orbi se proclama que es necesario un incremento del gasto público para frenar en lo posible el vertiginoso incremento del paro.Pero, además de seguir endeudándonos sin pestañear, no hemos tenido el gusto de conocer política económica alguna que no fuera pedir más dinero a Zapatero. ¿Qué vamos a vender? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a "vaciar" el exceso de oferta inmobiliaria y, a la vez, mantener niveles de actividad mínimos en el sector de la construcción? ¿No hubiera sido más eficaz apostar decididamente por la rehabilitación, la creación de redes solventes de transporte colectivo, la modernización de las instalaciones sanitarias y educativas, la rehabilitación del patrimonio hidráulico o la recuperación paisajística (Joan Olmos dixit) en lugar de meterse en el marasmo de las obras de los Ayuntamientos? ¿Qué nuevos sectores productivos vamos a fomentar? ¿Con qué fondos? ¿Vamos a aprovechar la crisis para definir otro "perfil productivo" de la economía valenciana más solvente a medio plazo? ¿No sería lógico aumentar y concentrar los esfuerzos en la innovación (coordinada y eficiente) en lugar de seguir complicándole la vida a la Universidad? ¿Dónde están los emprendedores comme il faut? Haberlos, haylos -con toda seguridad-, pero no tenemos ni un mal censo fiable ni una política de apoyo visible. Los Institutos tecnológicos o no hablan o, como mucho, susurran. ¿Hay alguien en la Plaza de Manises?La nota de color casi siempre la pone nuestro querido Ayuntamiento de Valencia. Bonito rifirrafe se ha montado para "repartir" los 141 millones que nos han tocado del navideño plan de Zapatero. Leer la lista de proyectos aprobados en la Junta de gobierno del 19 de diciembre y de los que se ha quedado fuera da una idea de hasta qué punto todavía estamos lejos del estado del bienestar y de que muchos barrios están hechos unos zorros a pesar de que nuestra flamante alcaldesa se ufanaba pomposamente después de ganar las últimas elecciones proclamando que los "votos" habían "demostrado" que la ciudad no era dual a pesar de las insinuaciones torticeras de algunos grupúsculos de la Universidad, próximos al PSPV. Que Santa Lucía le conserve la vista.En esta ciudad somos consumados expertos en cabalgar sobre las miserias, sin renunciar a abrir nuevas avenidas estúpidas, lesivas e innecesarias como la prolongación de Blasco Ibáñez (la legalidad, insisto, no implica bondad), o apelar a la "singularidad" del PAI del Grao para reducir a un 15% el porcentaje exigido de VPO. Somos capaces de seguir invirtiendo millones de euros en metros y tranvías sin por ello tomar medida alguna de limitación del transporte en vehículo privado, fomentando incluso su uso con la política de infraestructuras viarias prevista en la mal llamada "revisión" del Plan General. Somos capaces de deslizarnos cada vez más hacia la cultura/ espectáculo (cueste lo que cueste) e incapaces de revitalizar en serio el Plan RIVA. Somos capaces de deshacernos en alabanzas hacia la sociedad de la información, mantener una web lamentable (visiten, please, la de Barcelona) y hacer un uso deleznable de la Televisión Municipal. Todo, menos favorecer la información y la participación. Nuestra modernidad se limita al ¡¡Oooh!! provinciano ante el espectáculo calatraviano (magnífico el detalle que el primer destino conocido del Ágora sea el Open de Tenis) y a insistir en los eventos y las vanguardias en lugar de plantearse los contenidos de una ciudad creativa y los lugares donde podría tomar cuerpo. Visiten en Internet la información del barrio londinense de Deptford. A lo mejor les da alguna idea.Al final uno tiene, con mucho gusto, que comulgar con una espléndida frase de Rafa Ribera. "A esta ciudad le ha llegado la modernidad por el exceso, por la reiteración, por el desbordamiento de los plazos y los euros, por el elemento singular con vocación de icono que caduca a los pocos meses. Y esa es una interpretación sesgada de lo moderno, equívoca, malintencionada. Lo moderno tiene más que ver con la suma que con la multiplicación, con la escala que con el exceso, con la función y la forma fusionadas en su justa medida que con el espectáculo". Pues eso. Feliz (si es posible) 2009.[ Leer en web de ICARO ]

La operación que reordenará por completo la red ferroviaria de Valencia avanza a buen ritmo y sin pausa posible para cumplir el compromiso del Gobierno de que el AVE llegue a la ciudad en 2010. Las obras progresan en suelo municipal y las máquinas despejan ya la zona en la que se ubicará la estación provisional para recibir al AVE en superficie mientras se concluyen en subterráneo el canal de acceso al centro y el eje pasante hacia Castellón. Los pasajeros llegarán finalmente a los andenes de una nueva estación diseñada por el arquitecto César Portela que culminará una compleja planificación de un coste cercano a 1.000 millones de euros. Hasta ahí, la planificación ferroviaria. Pero la operación que cambiará la piel de la ciudad tiene otra vertiente, la urbanística, que duerme en un cajón mientras avanza el AVE. El soterramiento de la playa de vías -un terreno ocupado también por edificios ferroviarios, naves y otras actividades- en pleno centro liberará 1,36 millones de metros cuadrados entre la actual estación y el bulevar sur. El Ayuntamiento de Valencia, tras una espera de 17 años, aprobó en mayo de 2006 la ordenación urbanística de esta amplia zona, dividida en varias unidades de ejecución para crear avenidas, manzanas residenciales y medio millón de metros cuadrados de zona verde. Todo ello coronado por la pieza emblemática que da nombre a la actuación, el Parque Central, la gran mancha verde de Valencia. Con los parámetros de edificabilidad y de ordenación fijados, el plan aguarda un empuje que no acaba de llegar. Hay tiempo, piensan en el equipo de gobierno del PP. "Hay que empezar ya", opina, por el contrario, el concejal socialista Vicente González Móstoles. De hecho, una vez aprobado el planeamiento, la Sociedad Valencia Parque Central adjudicó en julio de 2007 el estudio que contiene el análisis funcional del futuro parque. Servirá de base de la convocatoria de un concurso internacional de arquitectos y urbanistas para el diseño del gran jardín. Sin embargo, el estudio no se ha dado a conocer y tampoco está convocado el concurso. En la sociedad del Parque Central están integrados el Ministerio de Fomento y Adif, con el mayor esfuerzo económico (por encima de los 400 millones de euros); la Generalitat (con una aportación pendiente de 75 millones), y el Ayuntamiento, que deberá generar 310 millones con las plusvalías urbanísticas de la zona, en la que cerca de la mitad del terreno es del Gobierno y el resto, de propietarios privados. El Consistorio dirigido por Rita Barberá tiene la competencia sobre la ordenación, y también tendrá la última palabra sobre el diseño del jardín, pero hasta el momento se ha centrado en el proyecto de la nueva estación, con varias polémicas, y ha relegado el desarrollo urbano a un segundo plano. Y el jardín sigue en barbecho. Las dos unidades más alejadas del parque, las de Camí Reial y Sant Marcel·lí, en el entorno del bulevar sur, son las únicas con una propuesta de agente urbanizador en trámite. Entre ambas se construirán 1.350 viviendas (con un 25% de VPP), y el procedimiento se ha iniciado sin esperar a que acaben las obras del AVE. Por eso argumenta González Móstoles que debería adelantarse la programación del resto del suelo y del jardín, en cuyos vértices se levantarán cuatro torres de 25 pisos muy criticadas. El concejal aboga por no esperar a que sea la iniciativa privada la que impulse la urbanización, y propone que la asuma la entidad pública estatal Sepes, que también se encarga de la ejecución de las viviendas en los antiguos cuarteles pegados al Parque Central. González Móstoles defiende un "liderazgo público" para que la actuación de mayor envergadura de Valencia logre "una ordenación de calidad, por ejemplo, con un concurso internacional de proyectos" que incluso abra la opción de cambios en el planeamiento aprobado si con ello lo mejora. "Hay tiempo, pero hay que empezar ya", insiste el concejal. Además del concurso para disponer de "un proyecto de jardinería avanzado" del Parque Central y de un plan de urbanización "de calidad que incorpore el talento", los socialistas proponen revisar los usos para primar "el terciario avanzado en una zona que es estratégica", y también la vivienda protegida dotacional para jóvenes y mayores en las torres del sur. [ Leer en web de ICARO ]

M. Vázquez, Valencia Ya hay dos propuestas en estudio para los puestos comerciales de la Plaza Redonda, actualmente en proceso de recuperación: una que apenas supondría modificaciones respecto a su actual aspecto y otra mucho más rompedora que les daría "una visión" más contemporánea así como "mayor funcionalidad", según apunta Amando Llopis, coordinador de las obras de rehabilitación de la plaza, adjudicadas al estudio de arquitectura Vetges Tu i Mediterrània.Esta segunda opción -aún no hay nada decidido- toma como referente más cercano los puestos comerciales que hoy día tiene el renovado Mercado de Colón: establecimientos completamente transparentes que permiten admirar la estructura global. En caso de que esta idea fuese finalmente seleccionada por el consistorio, podría llevar aparejada la reducción del número de puestos comerciales presentes en la plaza, así como una posible "individualización" de los mismos. "Sería extraordinario poder disminuir la cantidad de establecimientos -explica Llopis- porque mejoraría mucho la percepción final de la plaza; y aún más si pudiesen hacerse con aspecto cristalino porque también se podría contemplar la calle perimetral".En origen, la construcción no disponía de ninguna cubierta como la que existe ahora y que, en breve, será sustituida por otra transparente que posibilite admirar a la perfección la arquitectura circular.Un tejado para proteger el pescadoEl actual tejadillo surgió "para proteger las paradas de pescadería" pero, una vez que éstas fueron trasladadas al Mercado Central, perdió su función aunque siguió manteniéndose, señala el coordinador de la rehabilitación.Con los puestos sucede lo mismo: comenzaron a construirse en la década de los 70. Hasta entonces, la venta se realizaba en carretones que por la noche se guardaban junto a Santa Catalina. Poco a poco, estos fueron sustituidos por pequeñas edificaciones que colonizaron todo el perímetro de la plaza y que fueron levantadas al único arbitrio de los comerciantes del momento. "Tratamos de recuperar el lugar y devolverle su esencia -dice Amando Llopis- y está claro que los puestos de obra no son parte original y que, además, impiden contemplar bien el diseño de Salvador Escrig", ideado en 1839.De momento, Vetges Tu i Mediterrània recaba información sobre las concesiones de estas paradas comerciales, ya que "hay algunas muy recientes", de cara a documentar una posible reducción del número de paradas."Existe un claro interés por parte del consistorio -aclara Llopis- en que los concesionarios y los propietarios de los establecimientos ubicados en los bajos de la plaza den su opinión sobre las dos propuestas que estamos elaborando". De hecho, la intención del ayuntamiento es, al parecer, celebrar "una especie de consulta popular".Un buen barómetro para medir el sentir general puede ser la visita prevista para hoy por la alcaldesa y el concejal de Urbanismo. Ambos acudirán a la Plaza Redonda para comprobar el estado de las obras de rehabilitación y, de paso, conversar con comerciantes y vecinos para pulsar así la opinión popular.[ Leer en web de ICARO ]

H. García, Valencia La rehabilitación de la fábrica de la Tabacalera está alterando la esencia de este antiguo edificio industrial construido con motivo de la Exposición Regional de 1909 y propuesto como Bien de Relevancia Local en el nuevo PGOU. La conservación del patrimonio industrial ha tenido que plegarse a usos mucho más funcionales derivados de la adaptación de la fábrica a dependencias municipales.En quince meses de obras, la Tabacalera ha cambiado por completo por dentro y por fuera. Al derribo parcial de las naves laterales se suma ahora la alteración de las fachadas por la ampliación de los vanos de las ventanas con la finalidad de dar más luz a los despachos de los funcionarios. Las pequeñas ventanas de tipología industrial de las naves se han ensanchado y alargado hasta el rodapié.El vaciado y derribo de los muros de carga de las naves recayentes a Micer Mascó -necesario para excavar y habilitar un aparcamiento subterráneo de 800 plazas y los archivos- ha afectado a la estructura del edificio y ha obligado a instalar puntales en la fachada.La intervención no sólo gana espacio en subterráneo también reordena los espacios interiores para crear altillos y despachos. Los nuevos forjados quedan a mitad de ventana y son perfectamente visibles desde la calle.El concejal socialista Juan Soto alertó ayer de estas actuaciones que, a su juicio, "suponen una grave agresión patrimonial que desvirtúa" el Bien de Relevancia Local. "Si lo van a cambiar todo para qué lo protegen" se preguntó el edil quien aseguró que en la Tabacalera el "fachadismo" se está llevando al extremo.La Lanera también se vacióLa pérdida de los valores patrimoniales como consecuencia de la agresividad de las intervenciones propuestas en otros edificios históricos de Valencia como la cárcel Modelo han llevado a los técnicos de Patrimonio a desaconsejar su declaración com Bien de Relevancia Local. El Ayuntamiento de Valencia también dio luz verde al vaciado integral de la Lanera, otro de los edificios que quedan de la Exposición, para transformarlo en un hotel de lujo.La Tabacalera es uno de los proyectos emblemáticos de la alcaldesa, Rita Barberá, que en mayo próximo abrirá parcialmente la fábrica para las celebraciones del centenario de la Exposición. En la fábrica se centralizarán una vez remodelada las concejalías de la avenida de Aragón y plaza de América, lo que supondrá el traslado de 1.800 funcionarios.Soto aseguró que en la Tabacalera "se han sacrificado los valores patrimoniales en aras de la funcionalidad". "Lo que se va a conservar para conmemorar la Exposición de 1909 está muy alterado por las numerosas concesiones efectuadas a la funcionalidad", denunció. El edil reclamó al consistorio que elabore un estudio "serio" de cómo quedará el edificio tras las obras, pues "no sólo se ha amputado parte de un complejo unitario e indivisible, sino que ahora, además, se están alterando los restos".El PSPV se opuso en su día al derribo de las naves que el gobierno municipal justificó por su construcción en fecha posterior a la Exposición. La Real Academia de San Carlos, órgano consultivo del Estado en materia del patrimonio histórico, aconsejó la conservación integral de la fábrica.[ Leer en web de ICARO ]

M. J. C. | BURJASSOT "A los vecinos de Burjassot no les favorece en nada que se aporten 64.000 metros cuadrados de terrenos protegidos en la Calderona o la Albufera. Los queremos en el municipio." El teniente alcalde de Burjassot, José Ruiz, explicó ayer que la construcción de un centro comercial en término municipal debe favorecer en todos los sentidos a los habitantes de la ciudad.A cambio de la recalificación del suelo no urbanizable donde se construirá el centro comercial y de oficinas, a cargo de Eroski, la promotora deberá comprar la misma superficie protegida para entregarla a la Generalitat Valenciana para su uso público. La ley no obliga a que los terrenos estén en el mismo municipio donde se recalifican los terrenos para construir, en este caso Burjassot, pero el Ayuntamiento reivindica que estén en la localidad.El Bloc, además, presentó el pasado miércoles una enmienda en el registro de entrada del Ayuntamiento, para ir más allá y crear una bolsa de terrenos protegidos de huerta que el Consistorio pueda ir adquiriendo, siempre con el consentimiento del propietario, para preservarlo y que sea de dominio público.Los terrenos donde se va a construir el centro comercial, que ocupará una superficie de 64.000 metros cuadrados, están situados junto a la CV-35 y muy próximos a Benimàmet. Pese a que tienen la recalificación de no urbanizables, se encuentran en estado de degradación al estar situados entre edificios y carreteras.Burjassot quiere aprovecharse al máximo de la llegada del centro comercial. Así, el Bloc también va más allá y, además de exigir que una parte de los trabajadores del futuro centro comercial sean de Burjassot, también ha sugerido que la formación de estos empleados se concentre en la localidad y el Ayuntamiento tome parte. "Así -comenta Jordi Sebastià, portavoz del Bloc- nos aseguramos de que el principal beneficio de la recalificación, el trabajo para los ciudadanos de Burjassot, sea una realidad y no sólo buenas palabras".En la situación económica actual, todos los partidos creen que el proyecto es positivo para el municipio y puede ayudar a reactivar la economía local. Burjassot no cuenta con ningún polígono industrial ni actividades económicas que supongan ingresos garantizados cada año. Por ello, la llegada del centro comercial supone un respiro para la economía municipal.Además de la creación de puestos de trabajo para los vecinos de Burjassot, los comercios locales de la localidad tendrán preferencia a la hora de establecerse en el futuro centro comercial, que se convertirá en el segundo más grande del área metropolitana por detrás del de Bonaire. En este caso, al ser un terreno de escasa superficie, se conseguirá incrementar su extensión construyendo edificios en altura.Sin embargo, el Bloc también ha exigido que los comercios de Burjassot, además de facilidades para instalarse en el centro comercial, tengan ayudas y se pongan en marcha campañas para la promoción del comercio local, porque "es obvio que, aunque el centro comercial estará en una zona alejada del núcleo urbano, también tendrá algún impacto y nuestro deber es proteger el comercio que da vida a la población", explicó Sebastià.José Ruiz dijo, no obstante, que los comercios van a estar completamente respaldados a la llegada del nuevo centro comercial.Los números de la futura superficie son espectaculares. 330 millones de euros es la inversión prevista en la nueva área comercial y de negocios, donde se generarán 1.900 puestos de trabajo durante la construcción de los edificios que conformarán la superficie. 900 empleos serán estables, tras la inauguración del área de negocios, oficinas y comercial, en 180 comercios ubicados en la nueva área, que acogerá el primer gran hipermercado de Eroski en Valencia.[ Leer en web de ICARO ]

M. C. | SIMAT La concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura de Simat ha puesto en marcha recientemente un programa de ahorro energético que permitirá reducir en unos 16.000 euros el gasto municipal en iluminación.Entre las seis de la tarde y la medianoche, la intensidad lumínica en el casco urbano se ha reducido un 40%. Anteriormente, esta medida se aplicaba únicamente a partir de las 0 horas. "Hace un par de semanas que ampliamos el horario y ningún vecino lo ha notado, lo que demuestra que la intensidad del alumbrado es más que suficiente", indicó el concejal de Urbanismo, Joan Serra.Esta medida supondrá ahorrar un 20% del gasto anual en iluminación, que ronda los 80.000 euros y que con el incremento de la electricidad aplicado este año será mucho mayor.Según Serra, la intención del gobierno municipal es seguir mejorando la eficiencia energética en la población con nuevas iniciativas. Asimismo, el Consistorio ha solicitado una subvención para el alumbrado público de la partida del Pla de Corrals, con la que pretenden sufragar un proyecto de mejora de la eficiencia energética.La ayuda solicitada es de alrededor de 24.000 euros, de los cuales la Conselleria de Industria, a través de la Agència Valenciana de l'Energia, aportaría un 60% y el Ayuntamiento de Simat participaría con el 40% restante.La Generalitat ha abierto una línea de ayudas encaminadas precisamente a reducir el gasto en electricidad de los municipios como es el caso de Simat. También lo ha hecho la Diputación de Valencia con la sustitución de las bombillas antiguas por las de vapor de sodio que aportan una luz más amarillenta pero reducen considerablemente el consumo eléctrico.En la Safor son prácticamente todos los municipios los que se han sumado al cambio de las bombillas del alumbrado público. La concienciación medioambiental no sólo se limita a las luces nocturnas sino también en periodos festivos como es el caso de la Navidad.Varios municipios de toda la Comunitat han optado por reducir el tiempo de encendido de las luces de Navidad con el objetivo de ahorrar en energía.El agua, otro bien escaso, también es objeto de estudio medioambiental. Así, Gandia, que ha realizado una importante inversión en mejorar la calidad del líquido elemento ha desarrollado un plan de tarifas que castiga con un incremento del coste del agua a aquellas viviendas que consumen demasiado.Ahora pretende realizar una importante inversión en la depuradora comarcal para reutilizar el agua limpia para el riego de jardines. Para ello es necesario aplicar un tratamiento terciario a las aguas negras que será financiado por el Estado.[ Leer en web de ICARO ]

Joan Mestre, Castelló La sentencia del Tribunal Supremo que anula la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 de Castelló por no exponerse al público y que censura la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sienta una jurisprudencia "francamente preocupante para el conjunto de los ayuntamientos valencianos ya que toda actuación urbanística de 1994 a 2006 -período que estuvo en vigor la LRAU- queda ahora colgada de un hilo". Así lo aseguró ayer el vicealcalde y edil de Urbanismo de Castelló, Javier Moliner. El fallo del alto tribunal no sólo hace peligrar los planes tramitados por la antigua LRAU, si han sido recurridos ante la justicia, sino que también los que se rigen por la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV) en el caso de futuros contenciosos. La LUV mantiene tal cual el artículo de la LRAU cuya aplicación el Supremo ve incongruente con la Ley del Suelo y la Constitución.El concejal del PP compareció ante la prensa para expresar la "preocupación" del ayuntamiento por una resolución que cuestiona, dijo, "la constitucionalidad de la LRAU". El fallo del Alto Tribunal, adelantado en exclusiva por Levante-EMV y que fue notificado al consistorio el 29 de diciembre, revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que validaba el acuerdo del Consell del 1 de marzo 2000 por el que se aprobaba de manera definitiva la revisión del PGOU de Castelló, por no exponerse a información pública, ordena la retroacción del procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva, y que se exponga el proyecto de nuevo al público. La sentencia afirma que la LRAU, ley por la que se guiaron todos los municipios de la Comunitat Valenciana desde 1994 a 2006, infringió la Ley de Suelo Estatal de 1998 y la Constitución Española al no "garantizar la participación pública en el proceso de planeamiento".Moliner descargó así toda la culpa sobre una ley que, según recordó, "aprobó el PSOE", y presentó al equipo de gobierno municipal como "una víctima" de un fallo que es fruto "de una colisión legislativa entre la LRAU y la Ley Estatal del Suelo de 1998". Mencionó el voto particular de una de las magistradas de la sala quinta del Supremo "en el que asegura que la cuestión de inconstitucionalidad de una ley no le corresponde dirimirla al Supremo", y subrayó que en base a dicha sentencia "todos los procedimientos que se han seguido con la LRAU quedan anulados". El concejal destacó que el ayuntamiento "cumplió escrupulosamente todos los preceptos legales, sometió a información pública durante más de dos meses el PGOU y contestó a 6.000 alegaciones. En abril de 1999 el pleno lo aprobó de forma provisional y, con la incorporación de los informes sectoriales, se remitió a la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva". "Según el artículo 38 de la LRAU, no había necesidad de reiterar una nueva exposición al público de los cambios introducidos antes de la aprobación definitiva. Era el procedimiento que siguieron todos los ayuntamientos valencianos", aseveró Moliner, quien advirtió que "este defecto de forma" se puede aplicar en cualquier "caso que se abra en la Comunitat Valenciana"La Ley Estatal de Suelo de 1998 establece que en los planes generales "el trámite de información al público deber reiterarse después de la aprobación provisional cuando en ésta se introduzcan modificaciones sustanciales".La LUV dice otra vez lo mismoEl vicealcalde agregó que los responsables de esta resolución "son los redactores de la LRAU y sus herederos en el PSOE, y son ellos quienes deberían dimitir". Resaltó que el PP promovió la LUV "con más mecanismos de participación ciudadana", aunque mantiene el precepto de la LRAU que ahora cuestiona el Supremo.El plan, devuelto a exposición públicaEl vicealcalde de Castelló, Javier Moliner, señaló ayer que el ayuntamiento acatará la sentencia del Tribunal Supremo, e informó que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 se expondrá de nuevo al público. No descartó, no obstante, la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional."Vamos a poner toda la maquinaria municipal para aplicar la sentencia y poder tener el PGOU en el período más breve de tiempo", afirmó. Según explicó, primero se expondrá al público el plan durante un mes para posteriormente remitirlo a la Conselleria de Urbanismo para su aprobación definitiva.Moliner subrayó que este trámite se llevará a cabo "lo más rápido posible", sin especificar plazos. "Expondremos al público un documento que lleva expuesto nueve años", apuntó.Reconoció que tras el fallo permanece vigente el PGOU de 1984, y aseguró que la anulación de la modificación de 2000 no paralizará "ningún plan urbanístico, no habrá ninguna parálisis de los proyectos a desarrollar ni se verán afectadas las inversiones previstas, pues la sentencia no cuestiona el fondo del planeamiento contemplado en el PGOU, si no un defecto de forma en su tramitación".Con todo, el concejal popular admitió que el fallo afecta "a las posibilidades del ayuntamiento a corto plazo", y afirmó que "la aprobación de las licencias urbanísticas continuará adelante, con las reservas legales respecto a su validez", ya que están supeditadas a la aprobación definitiva del PGOU.[ Leer en web de ICARO ]