Joan Mestre, Castelló

La sentencia del Tribunal Supremo que anula la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 de Castelló por no exponerse al público y que censura la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sienta una jurisprudencia "francamente preocupante para el conjunto de los ayuntamientos valencianos ya que toda actuación urbanística de 1994 a 2006 -período que estuvo en vigor la LRAU- queda ahora colgada de un hilo". Así lo aseguró ayer el vicealcalde y edil de Urbanismo de Castelló, Javier Moliner. El fallo del alto tribunal no sólo hace peligrar los planes tramitados por la antigua LRAU, si han sido recurridos ante la justicia, sino que también los que se rigen por la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV) en el caso de futuros contenciosos. La LUV mantiene tal cual el artículo de la LRAU cuya aplicación el Supremo ve incongruente con la Ley del Suelo y la Constitución.
El concejal del PP compareció ante la prensa para expresar la "preocupación" del ayuntamiento por una resolución que cuestiona, dijo, "la constitucionalidad de la LRAU". El fallo del Alto Tribunal, adelantado en exclusiva por Levante-EMV y que fue notificado al consistorio el 29 de diciembre, revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que validaba el acuerdo del Consell del 1 de marzo 2000 por el que se aprobaba de manera definitiva la revisión del PGOU de Castelló, por no exponerse a información pública, ordena la retroacción del procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva, y que se exponga el proyecto de nuevo al público. La sentencia afirma que la LRAU, ley por la que se guiaron todos los municipios de la Comunitat Valenciana desde 1994 a 2006, infringió la Ley de Suelo Estatal de 1998 y la Constitución Española al no "garantizar la participación pública en el proceso de planeamiento".
Moliner descargó así toda la culpa sobre una ley que, según recordó, "aprobó el PSOE", y presentó al equipo de gobierno municipal como "una víctima" de un fallo que es fruto "de una colisión legislativa entre la LRAU y la Ley Estatal del Suelo de 1998". Mencionó el voto particular de una de las magistradas de la sala quinta del Supremo "en el que asegura que la cuestión de inconstitucionalidad de una ley no le corresponde dirimirla al Supremo", y subrayó que en base a dicha sentencia "todos los procedimientos que se han seguido con la LRAU quedan anulados". El concejal destacó que el ayuntamiento "cumplió escrupulosamente todos los preceptos legales, sometió a información pública durante más de dos meses el PGOU y contestó a 6.000 alegaciones. En abril de 1999 el pleno lo aprobó de forma provisional y, con la incorporación de los informes sectoriales, se remitió a la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva". "Según el artículo 38 de la LRAU, no había necesidad de reiterar una nueva exposición al público de los cambios introducidos antes de la aprobación definitiva. Era el procedimiento que siguieron todos los ayuntamientos valencianos", aseveró Moliner, quien advirtió que "este defecto de forma" se puede aplicar en cualquier "caso que se abra en la Comunitat Valenciana"
La Ley Estatal de Suelo de 1998 establece que en los planes generales "el trámite de información al público deber reiterarse después de la aprobación provisional cuando en ésta se introduzcan modificaciones sustanciales".
La LUV dice otra vez lo mismo
El vicealcalde agregó que los responsables de esta resolución "son los redactores de la LRAU y sus herederos en el PSOE, y son ellos quienes deberían dimitir". Resaltó que el PP promovió la LUV "con más mecanismos de participación ciudadana", aunque mantiene el precepto de la LRAU que ahora cuestiona el Supremo.
El plan, devuelto a exposición pública
El vicealcalde de Castelló, Javier Moliner, señaló ayer que el ayuntamiento acatará la sentencia del Tribunal Supremo, e informó que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 se expondrá de nuevo al público. No descartó, no obstante, la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional.
"Vamos a poner toda la maquinaria municipal para aplicar la sentencia y poder tener el PGOU en el período más breve de tiempo", afirmó. Según explicó, primero se expondrá al público el plan durante un mes para posteriormente remitirlo a la Conselleria de Urbanismo para su aprobación definitiva.
Moliner subrayó que este trámite se llevará a cabo "lo más rápido posible", sin especificar plazos. "Expondremos al público un documento que lleva expuesto nueve años", apuntó.
Reconoció que tras el fallo permanece vigente el PGOU de 1984, y aseguró que la anulación de la modificación de 2000 no paralizará "ningún plan urbanístico, no habrá ninguna parálisis de los proyectos a desarrollar ni se verán afectadas las inversiones previstas, pues la sentencia no cuestiona el fondo del planeamiento contemplado en el PGOU, si no un defecto de forma en su tramitación".
Con todo, el concejal popular admitió que el fallo afecta "a las posibilidades del ayuntamiento a corto plazo", y afirmó que "la aprobación de las licencias urbanísticas continuará adelante, con las reservas legales respecto a su validez", ya que están supeditadas a la aprobación definitiva del PGOU.